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Con la llegada de la infraestructura de Firma Digital (PKI) a los diferentes países de Latino América, Caribe y América Central, los procesos físicos comienzan a insertarse en un mundo que se comunica a través de Internet. En la mayoría de los casos, los gobiernos de la región utilizan la plataforma y los certificados digitales, la avalan con sus diferentes leyes de Firma Digital o Electrónica, dándole al uso de esta tecnología un marco normativo y legal.

Los avances en desarrollos y aplicaciones PKI permiten el uso de certificados digitales, que contienen la identidad digital de los funcionarios que intervienen en los procesos de gobierno. La firma digital permite acelerar los trámites públicos, porque reduce el tiempo físico de la firma de expedientes; mejora los procesos de gestión, hace innecesario el traslado físico de funcionarios o expedientes; y elimina los problemas de almacenamiento de archivos y los costos operacionales, al reducir el uso de papel, tinta para impresora, etcétera.

Sin embargo, algo tan sensible como la identidad digital de un funcionario público debe contar con el mejor sistema de seguridad, para garantizar que la Firma Digital está realmente bajo su control y lejos de ambientes hostiles como una PC, una notebook, un pendrive o un CD, donde puede ser fácilmente usurpada o utilizada para un proceso de firma fraudulento. En este punto, el uso de una smartcard o un token como los de MacroSeguridad.org afianzan el concepto de seguridad en el almacenamiento de los certificados digitales. Macroseguridad ofrece toda una línea de soluciones de tokens usb, Smartcards y HSM, destinadas a la seguridad de los proyectos PKI, para Autenticación de Usuarios, Encripción de datos críticos, portabilidad y almacenamiento seguro de Certificados Digitales, para asegurar la identidad digital de un funcionario.


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En Argentina:
Ley de Firma Digital Nº 25.506

Bolivia:
Proyecto de Ley de Documentos, Firma y Comercio Electrónico (aun pendiente de aprobación por el Congreso Nacional)

Brasil:
La Medida Provisoria 2.200-2 de 2001 instituye la Infraestructura de Claves Públicas Brasileña y establece el marco jurídico para el uso de Certificados Digitales

Chile:
Ley sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de Dicha Firma, Nº 19.799

Colombia:
Ley 527 de 1999

Costa Rica:
Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos Nº 8454

Ecuador:
Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos Nº 2002-67

Guatemala:
Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas - Decreto Nº 47-2008

México:
Ley de Firma Electrónica Avanzada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2012

Nicaragua:
Se trabaja en un proyecto de Ley de Firma Electrónica

Panamá:
Ley 43 del año 2001 sobre Documentos y Firmas Electrónicas

Paraguay:
Ley 4017 de Validez Jurídica de la Firma Electrónica, la Firma Digital, los Mensajes de Datos y el Expediente Electrónico.

Perú:
Ley de Firmas y Certificados Digitales Nº 27269

Puerto Rico:
Ley de Firmas Electrónicas de Puerto Rico Nº 359

Republica Dominicana:
Ley de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales Nº 126-02

Venezuela:
Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (2001)

Uruguay:
Ley Nº 18.600 de Documento Electrónico y de Firma Electrónica

El Salvador:
En este país no existe legislación al respecto, pero se trabaja sobre un anteproyecto de Ley de Comunicación y Firma Electrónica

Honduras:
En este país no existe legislación al respecto, pero en el año 2009 se presentó al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Comercio Electrónico.